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40 iniciativas medioambientales avanzan en el Congreso y ponen en alerta al sector privado

En su mayoría son mociones parlamentarias que, en varios casos, tratan una misma materia.

Fuente: www.economiaynegocios.cl

24-06-2019 | El 10 de junio, la Cámara de Diputados aprobó con 143 votos una resolución a través de la cual le solicitan al Presidente de la República que prohíba a todos los servicios públicos la compra de agua y gaseosas embotelladas en envases de plástico desechable, así como insumos de este material que tienen un solo uso, como vasos, bombillas y cubiertos. Para dar el ejemplo, la instancia parlamentaria aplicó la medida en forma inmediata.

Iniciativas como esta dan cuenta del momento que se vive en el Congreso. Los temas ambientales parecen haberse tomado la agenda, lo que se refleja también en los números: hoy existen 40 iniciativas, entre proyectos de ley enviados por el Ejecutivo y mociones parlamentarias, con distintos grados de avance y el denominador común de la protección de recursos naturales, planteando en varios casos restricciones al desarrollo de actividades productivas, como la minería, la generación eléctrica, la salmonicultura o la construcción, entre otras.

Las iniciativas son tan diversas como delitos ambientales; mociones que establecen la obligación de tramitar con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) cualquier proyecto que implique contaminación lumínica; la protección de los glaciares y la regulación de su manejo y afectación; el mecanismo para la declaración de humedales urbanos y su protección -que se tramita en paralelo a una moción que protege y regula las actividades en humedales en zonas rurales-; restricciones para los denominados olores ofensivos; la obligación de tramitar vía EIA independiente el transporte de minerales -respecto de proyecto principal-; que todas las faenas mineras de Santiago al norte deben abastecerse únicamente con agua de mar desalinizada, y varias mociones que plantean restricciones para la tramitación de proyectos en zonas declaradas latentes o saturadas. Además, hay una moción que modifica la Ley 19.300 de Bases del Medio Ambiente para ampliar el plazo para pedir participación ciudadana en las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA). Ahora se añadió el nuevo texto que reforma el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Hay consenso en torno a que esta alta productividad regulatoria, como la denomina el presidente de la comisión del Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, Félix González, responde en parte a la realización en el país de la COP25 -la cumbre global que busca establecer compromisos para enfrentar las consecuencias del cambio climático-, que puso el foco sobre las materias ambientales. A esto se suma una ciudadanía más consciente de estos temas a raíz de hechos recientes, como los episodios de emisiones en la zona de Quintero-Puchuncaví; casos como los incendios forestales o fenómenos como los tornados en el Biobío o los aludes en el norte, que se vinculan a efectos del cambio climático.

"La gente está mucho más consciente, las nuevas generaciones ven que estas son cuestiones de supervivencia", asegura González, parlamentario del Movimiento Ecologista Verde, que es parte del Frente Amplio. Y agrega que aunque no se conviertan en ley, estas mociones fijan una posición.

El presidente ejecutivo de la Asociación de Generadoras, Claudio Seebach, cree que si bien el ambiente en torno a la COP25 está impulsando esta mayor cantidad de iniciativas en torno a lo medioambiental, este período puede servir como una oportunidad para hacer "pedagogía climática", que ayude a entender cuál es la urgencia climática, las razones que la provocan, cuál es el grado de vulnerabilidad del país y cómo puede contribuir al liderazgo mundial en materia ambiental.

"Está lleno de mociones parlamentarias. Esto es complejo porque siempre los parlamentarios han enviado señales políticas a través de las mociones que presentan y siempre ha habido parlamentarios más verdes que otros. Pero ahora hay una efervescencia, porque todo el mundo está viendo que hay un rédito político al ser verde, y este sentimiento de conectar con la opinión pública está instalado en todos los sectores políticos", asegura la abogada Paulina Riquelme, socia del estudio Eelaw, que asesora en materias ambientales a la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) y a la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC).

La ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, coincide con esta apreciación, pues, a su juicio, promover este tipo de iniciativas tiene un rédito para los parlamentarios, lo que se explica porque la demanda ciudadana en torno a estos temas ahora es mayor que hace una década. "Esto no es solo por la COP25, tiene que ver también con una necesidad de contar con mejores normativas. Todos tienen que entender que la mejor forma de generar certidumbre para todos los actores es generar buenas normas, que sean conocidas con anticipación, y el país está avanzando en ese sentido", plantea.

Sector privado en alerta por las consecuencias de estas regulaciones sobre las inversiones y el desarrollo

Aunque hay consenso en torno a que las materias ambientales deben ser reguladas y que es importante adecuar la normativa al contexto actual, el sector privado está en alerta por este ambiente regulatorio. Algunos hablan de intranquilidad y otros derechamente de preocupación por las consecuencias de estas iniciativas tendrían sobre las inversiones y el desarrollo.

"Hay una efervescencia de proyectos ambientales y lo único que esperamos es que haya una buena discusión y que se escuche a todos los actores posibles para tomar decisiones respecto de estos proyectos", asegura el gerente de estudios de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Javier Hurtado.

"Hay una cierta inquietud por conocer cuál va a ser el contenido de estas nuevas regulaciones ambientales y cómo ellas pudieran impactar los negocios. Esa preocupación es legítima. Cualquier proceso de nueva regulación genera incertidumbre en todos los actores. Eso les pasa a las empresas, a la gente del mundo ambiental, ONGs, académicos. Es lo normal para un período de transición como este", dice Cristián Franz, exsuperintendente del Medio Ambiente.

En privado, tanto en la CPC como en la Sofofa admiten preocupación. Tanta, que en los últimos días representantes de ambos gremios se reunieron con autoridades del Ministerio del Medio Ambiente y les plantearon estas aprensiones. El viernes 14 de junio y el martes 18 fue el turno de la CPC, mientras que el lunes 17 representantes de la Sofofa acudieron a la sede del ministerio en una cita solicitada a través de la plataforma del lobby .

Una situación que preocupa a los privados es la táctica legislativa de ingresar varias mociones que, con matices, apuntan a un mismo tema, con la intención de aprovechar instancias de negociación con el Ejecutivo en las que estas mociones se refunden. "Hay iniciativas que tienen distintos orígenes y abordan un mismo tema de maneras distintas y por estar duplicadas o triplicadas después son refundidas y el resultado de eso puede ser bastante complejo", plantea el presidente de la Sonami, Diego Hernández.

El extitular de Antofagasta Minerals menciona el proyecto de glaciares, iniciativa que, de convertirse en ley, dice, amenaza la continuidad de la minería (ver recuadro). El 4 de junio, esta iniciativa fue aprobada en general en la sala del Senado con 33 votos a favor, cero en contra y seis abstenciones.

Otro ejemplo que citan en la industria es el proyecto de delito ambiental. Al mensaje enviado por el Ejecutivo en enero pasado, a poco andar -en la comisión de Medio Ambiente del Senado, que preside el senador Guido Girardi-, se sumó otra iniciativa, redactada por el abogado Jean Pierre Matus, que unificó varias mociones que buscan perseguir la responsabilidad penal de los ejecutivos o representantes de las empresas ante hechos de daño ambiental.

"Existe una amplia gama de proyectos sobre materias medioambientales que están en trámite y sabemos que vienen más", reconoce la ministra, poniendo bordes desde el Ejecutivo: las iniciativas que este empujará con fuerza son: la reforma del SEIA, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y la ley marco de Cambio Climático, que está en fase de consulta ciudadana.

Pero la percepción de la industria es que por estar volcado a la organización de la COP25, el Ministerio del Medio Ambiente pudiera no ser capaz de supervisar el avance de todas las iniciativas. "Nos inquieta que la COP 25 se tomó la agenda de la ministra y del ministerio, y el trabajo de otras áreas donde se requiere una labor seria y organizada están descubiertas", dice Paulina Riquelme.

El presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, dice que "el Gobierno debería hacerse cargo, seriamente, de las 'emisiones' parlamentarias, o la COP25 va a costarle al país muchísimo más de lo presupuestado".

La ministra Schmidt descarta que el Ejecutivo tenga descubierto el flanco regulatorio y asegura que el equipo a cargo de estas materias no es el mismo que está organizando la COP25.

Diego Hernández advierte que un riesgo de esta efervescencia es que "se está regulando para la galería (...). Se presentan proyectos para ver si pasan y quedan ahí pendientes, hasta que en el momento menos pensado se activan, y por eso tenemos que estar pendientes", dice.

"Hay proyectos que son necesarios y bienvenidos. No hay riesgo de que uno diga que se está sobrerregulando ambientalmente. Yo no creo eso. En la medida en que de ahí surjan regulaciones que aporten a dar certeza jurídica, no me parece que sea un problema la sobrerregulación", contrasta Cristián Franz.

En el SEA solo hay 100 funcionarios a cargo de evaluaciones

Más allá de la pertinencia o no de cada proyecto -y sobre todo ahora que la reforma al SEIA quedó priorizada con suma urgencia-, al interior del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) cunde una interrogante. Si la institución será capaz de absorber las nuevas atribuciones que se le asignan en el proyecto, por ejemplo, al expandir la participación ciudadana también a todas las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA). Además, este proyecto incluye un artículo (el 25 quinquies ) en que se establece que excepcionalmente la Superintendencia o el mismo titular de un proyecto pueden pedir la revisión de una RCA calificada favorablemente, incluyendo las DIA.

El presidente de la Asociación de Funcionarios del SEA, Félix Navarrete, asegura que los recursos adicionales que el proyecto de ley contempla para implementar estas modificaciones -$913 millones el primer año y $868 millones anuales cuando esté en régimen- serán insuficientes para dotar de los profesionales adicionales que requiere este incremento de tareas.

De una dotación total de 335 funcionarios en el SEA, solo 40 son de planta, y los que efectivamente evalúan proyectos son alrededor de 100. "Estamos sobrepasados por la carga actual de trabajo del sistema, por lo que no sería posible responder en tiempo y forma a los nuevos requerimientos asociados a la reforma", explica el dirigente, quien agrega que necesitan mejorar el estándar y reducir los altos niveles de rotación que tienen.

Nuevamente, aquí los números hablan por sí mismos: en promedio, dar respuesta a cada una de las observaciones que se reciben en la evaluación de proyectos requiere 2,5 horas de trabajo de un funcionario y un solo proyecto puede llegar a recibir del orden de tres mil observaciones, como sucedió recientemente con un proyecto inmobiliario en la zona de Plaza Egaña.

Paulina Riquelme advierte también que hay mociones que carecen de sustento técnico, no tienen investigación de fondo y no identifican los efectos que podrían tener sobre el desarrollo y las actividades productivas del país.

Los proyectos que envía el Ejecutivo, en cambio, deben ir acompañados de informes financieros, donde se hacen cargo de los impactos fiscales de las normativas, y también de un informe de productividad, que incluye aspectos como efecto en los empleos.

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