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Espacio Público señala que cambios propuestos al SEIA "invitan a la judicialización"

En declaración respaldada por 53 profesionales se sostiene que no es suficiente para prevenir conflictos, ni contribuye a aumentar la certeza jurídica de quienes invierten en los proyectos.

Fuente: www.economiaynegocios.cl

24-06-2019 | El centro de estudios Espacio Público emitió una declaración sobre las modificaciones propuestas por el Ministerio del Medio Ambiente al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) de los proyectos de inversión. Firmada por 53 líderes, expertos y profesionales vinculados al think tank , la carta valora la iniciativa del Gobierno de ampliar las instancias de participación ciudadana, pues "permite subsanar una distorsión del sistema en donde el acceso a la participación no está totalmente garantizado".

No obstante, sostiene que no es suficiente para prevenir conflictos, ni contribuye a aumentar la certeza jurídica de quienes invierten en los proyectos. "Más bien es una participación tardía y de baja incidencia, en que las principales decisiones del proyecto en torno a su ubicación, diseño y tecnología ya han sido establecidas", dice. "El desistimiento por parte del Gobierno de debatir en torno a instancias de participación temprana que sean reguladas y con el Estado en un rol garante, pone en jaque los aspectos positivos de esta reforma". Tal como está, sigue "invitando a la judicialización, la cual afecta a todos los sectores involucrados: a los inversionistas, al propio Poder Judicial y a las comunidades".

Entre los firmantes está el exministro de Economía Álvaro García (hoy en Valor Minero), el abogado Rodrigo Ferrada, de FerradaNehme, además de los directores de Espacio Público Luis Cordero, Lucía Dammert, Nicola Borregaard y Valentina Durán, además de académicos y profesionales en materia de medio ambiente e instituciones como Ciudadanía Inteligente, Codeff, Fundación Casa Paz y la ONG Semillas de Cambio.

El Estado debe generar estas instancias de participación temprana, señalan, con información "oportuna y entendible" sobre los impactos del proyecto. "Mientras el Estado no facilite diálogos simétricos entre los actores presentes en los territorios, se perpetúa la dinámica de conflictividad". Según Espacio Público, la reforma debiera ir más allá de ser un mecanismo para regular procedimientos y buscar eventuales reducciones de plazos formales o virtuales. "No hay nada mejor para la certeza jurídica -que el Gobierno insiste como parte de su argumento- que generar condiciones de diálogo permanente que reduzcan la conflictividad ambiental". Los firmantes valoran que incluya "una capacitación ambiental y la ampliación de acceso a las reclamaciones por parte de la ciudadanía y el énfasis en el fortalecimiento de las comisiones regionales, eliminando la idea de crear las macrozonas".

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